En el Perú la semana cierra con dolor y pesar, con las voces y el clamor por justicia, en particular de la población de Arequipa, de la provincia de Islay, quienes cumplen un mes de paro indefinido contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper. Paralización a la que se sumó toda la región recientemente y como resultado de los enfrentamientos con la policía nacional, la cual utilizó bombas lacrimógenas, perdigones y hasta armas de fuego contra los manifestantes, perdió la vida el agricultor Victoriano Huayna Nina, de 61 años, al recibir un impacto de bala.

En la provincia de ‎Islay y el Valle del Tambo en Arequipa, el paro indefinido se viene acatando desde el pasado 23 de marzo sin una prioritaria y clara respuesta de diálogo por parte de las autoridades de gobierno y de la empresa. Hay decenas de heridos y muchos son agricultores que ya bordean la tercera edad.

El proyecto Tía María se ubica en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, de la región Arequipa. Tiene una producción estimada de 120 mil toneladas de cobre por año y una inversión de unos 1,200 millones de dólares para su construcción. Sus operaciones habían sido planificadas para iniciar a finales del 2011, pero ya han pasado cuatro años y el proyecto no se ejecuta debido a una clara oposición y demanda ciudadana, y es que los arequipeños temen que la actividad agrícola se vea afectada por la minería a tajo abierto de la empresa Southern Copper.

Desde las voces del Gobierno, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, expresó que el Gobierno ha actuado promoviendo información veraz, buscando un diálogo transparente y el desarrollo de la región Arequipa. “Lamentamos todos la muerte del señor, nadie desea una muerte, pero invoco a que no se use a los muertos como trofeos de guerra” precisaba; mientras desde el lugar, acompañando a la población, el alcalde de la provincia de Islay, Richard Ale Cruz, confirmaba que la víctima si había fallecido por un disparo de bala y no debido a una fractura como dio cuenta la Policía en sus primeras versiones.

Tras esa confirmación, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, informó que los jefes policiales operativos de la zona han sido ya relevados del cargo. El ministro sostuvo una reunión con la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, y declaró que se realizará la prueba de absorción atómica a todos los efectivos policiales que estuvieron en la protesta; además que un peritaje a las armas usadas y de comprobarse la responsabilidad de los agentes del orden, serán juzgados en el fuero común y en el Tribunal Policial y Militar, precisó.

Frente a todo lo ocurrido, la Defensoría del Pueblo, también ya se pronunció. Piden el cese definitivo de los enfrentamientos, el retorno a la calma y el respeto a la vida e integridad de civiles y policías en Islay. Asimismo recuerdan que en el 2011, este conflicto dejó tres muertos y decenas de heridos y que el Estudio de Impacto Ambiental inicialmente presentado por la empresa fue cuestionado motivo por el cual fue objeto de una revisión que identificó 138 observaciones. Estos antecedentes debieron llevar a las entidades competentes a tomar todas las precauciones y recaudos para evitar que la situación de alta violencia se repitiera.

Finalmente, tan sólo a días para que el nuevo primer ministro Pedro Cateriano, debe presentarse al Congreso de la República, para solicitar el voto de confianza que requiere para avalar el inicio de su gestión, la cosa se pone tensa, ya que todos los esfuerzos de diálogo, recientemente propiciados con todas las bancadas políticas para encaminar dicha aprobación, que debiera concretarse el próximo 27 de abril, corre peligro, y ya el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, acaba de pronunciarse indicando que esta es la continuidad de las políticas neoliberales de gobiernos anteriores adelantando en el comunicado: “Usted no tiene nuestra confianza y ello se expresará en nuestro voto en el Parlamento”.

Así cierra la semana en el caso Tía María, una víctima más por falta de diálogo, comprensión y actuación oportuna para resolver las diferencias y plantear soluciones, en medio de la conflictividad social.

CNR / JEMM

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