En el Perú, las protestas y el reclamo solicitando suspender el proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay, región Arequipa, se mantiene y aún no hay una propuesta clara de solución, ya que luego que el Presidente Ollanta Humala, emitiera un mensaje a la nación el pasado viernes 15 de mayo (al superarse ya los 50 días de protestas) en su esperado discurso no concretó ninguna suspensión, justificando que no podía decretar dicha medida pues con ese accionar expondría al Estado peruano a demandas legales internacionales, y en ese caso lo que decidieron era más bien pasar la pelota de la responsabilidad, para resolver las diferencias del rechazo, a la misma empresa minera Southern. La cual, inmediatamente también procedió a pronunciarse indicando que establecían acatar una pausa de 60 días para retomar el diálogo y buscar caminos de solución. 

Lo cierto, es que con estas medidas sólo se está dando largas al problema, mientras no exista una verdadera intención desde las partes, por querer resolver en base a la realidad de la contaminación que se determine en los estudios. Es por ello, que las posiciones de alerta se mantienen y desde las autoridades de Arequipa representados por el alcalde provincial, Alfredo Zegarra, han acordado solicitar al Gobierno nacional la suspensión indefinida del proyecto Tía María, mientras que por su parte la Gobernadora Regional Yamila Osorio invoca a que el gobierno y la empresa expliquen de forma clara lo que implica el proyecto y que se haga una revisión del EIA, respetando finalmente luego de los resultados y el diálogo, lo que decida la población.

Un camino que se vislumbra nada sencillo y que sólo prosperará de ser entendido y aceptado por el estado y la empresa Southern, mientras por otra parte deben avanzar las investigaciones en cuanto a ubicar responsabilidad sobre las muertes ocurridas en los enfrentamientos, el uso no autorizado de armas de fuego durante las protestas por parte de la policía y la denuncia al dirigente del Valle del Tambo, Pepe Julio Gutiérrez quien es acusado de pedir dinero a cambio de levantar el paro en Islay, según se pudo conocer tras la filtración de una conversación telefónica.

Por otra parte, para reconocer algunos datos del peligro y el temor real de la población “que no se inventa fantasmas”, pues basta revisar el accionar de la empresa en otros lugares, debe saberse que el Grupo México (a la que pertenece) es cuestionado en varios países. En el mismo México, es culpable de un desastre ambiental al haber derramado 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en dos ríos. En España, iba a explotar la mina Aznalcóllar, pero la comunidad autónoma de Andalucía ha suspendido la adjudicación por irregularidades en el proceso. Y en el Perú, en enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental pidió dos años y medio de pena privativa de la libertad y el pago de una reparación civil de 1 millón de dólares para el presidente ejecutivo de Southern Perú, el mexicano Óscar González Rocha, por el delito de contaminación ambiental en el mar de Ilo, contabilizándose además, hasta el momento, que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha multado 14 veces a la empresa por un monto total de 530, 745 dólares.

Esa es la gravedad de los hechos, no son temores infundados, y mientras corren los 60 días en busca del diálogo, ya diversas organizaciones sociales de la macroregión sur han convocado a un paro de 48 horas para los días 27 y 28 de mayo, en solidaridad con la región Arequipa.

(Reporte en versión radial aquí: AUDIO)

Por CNR / Juana Edith Martínez / www.cnr.org.pe