Tras los conflictos sociales generados con el problema de Conga en Cajamarca, pasando por otros tantos en diferentes lugares del país hasta llegar al problema generado por el Proyecto Tía María, se ha apreciado una serie de contradicciones, inicialmente partiendo del gobierno porque en campaña el Presidente de la Republica se mostró adverso a la factibilidad de Conga, asumiendo incluso su adhesión a la población reclamante. Lo propio ha ocurrido en Islay, en donde Ollanta Humala igualmente en campaña se mostró adverso al proyecto, señalando incluso de manera irresponsable que el Presidente que no apoye y mienta debe ser vacado; pensaba Humala en no ser Presidente y sumarse a las protestas populares? 

La situación conflictiva creada a partir de los casos señalados, resultó un referente para que en la región de Puno, se produzcan hechos similares que sin duda son ingredientes para los conflictos sociales generados, inicialmente con el tema de la protesta del sector aymara anti-minero en contra de la empresa Santa Ana, pretendiente de realizar explotación minera de plata en el sur de la región. Este hecho encabezado por el frustrado candidato a la Presidencia Regional de Puno Walter Aduviri, que con el llamado aymarazo hizo posible que la población de Puno volcara sus votos en favor de Ollanta Humala para conseguir la primera magistratura de la Nación.

Además de ello se han generado focos de protesta en otras provincias de la región como es el caso de Lampa, en donde también se produjeron protestas e instalación de Mesas de Trabajo en contra de las empresas mineras asentadas en la zona y que hasta el momento no hayan dado un resultado favorable a la población, preocupada en la afectación a la agricultura, con algunos agregados, como el hecho de que los empresarios mineros de las compañías ARASI y CIEMSA, generosamente “cedieron” camionetas a los Alcaldes distritales de dicha Provincia, a fin de contrarrestar la contaminación medio ambiental.

En términos generales a que apunta la protesta popular, a que se determine radicalmente la no presencia de la explotación minera contaminante?, o que los líderes de las organizaciones populares busquen satisfacer sus intereses? Lamentablemente lo segundo es lo que ha primado y de manera compulsiva los productores agropecuarios ingresan al juego y al final, el poder económico es lo que impera, ante la atenta mirada y probablemente condicionada, de los responsables en fiscalizar las actividades de nuestro país. Los legisladores actúan igualmente de acuerdo a sus intereses y poco o nada hacen por intervenir bajo el marco de la legislación, de manera férrea, para extirpar el virus que corroe cada vez más las esferas sociales, económicas y políticas de nuestro Perú.

Si hubiera una actitud diferente del gobierno para que de manera paralela se realicen actividades mineras y agropecuarias sin que ninguna de ellas se afecte, probablemente las conflagraciones sociales se reducirían, pero así como en la base, existen líderes coimeros, autoridades que reciben dádivas como las camionetas de Lampa, en la cúpula la corrupción es notoria e irresponsable. Existe aparentemente un callejón sin salida, en donde las poblaciones oprimidas, los empresarios y el estado tienen su propia ruta y bajo ese panorama, ¿quién podrá salvarnos del único problema que genera este caos “LA CORRUPCIÓN”?

Fuente: CNR / www.cnr.org.pe